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14 Revista Chilena de Derecho 97 (1987)
Principios Economicos de la Constitucion de 1980

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              PRINCIPIOS ECONOMICOS DE LA
                     CONSTITUCION DE 1980

                  Arturo YrarráZaval Covarrubias
             Profesor de Derecho Económico de la Universidad
                              Católica de Chile


                              INTRODUCCIÓN

     En razón de la extensión del tema, el análisis que se hace es necesaria-
mente resumido. Cada punto que aquí se trata ha sido objeto de un largo y
cuidadoso estudio, que espero ser capaz de transmitir en la mejor forma po-
sible en esta oportunidad.
     De más está decir que la exposición se centra en los grandes principios
económicos a nivel constitucional y no pretende, por consiguiente, abordar
numerosos otros temas de la Constitución de 1980 que son de enorme inte-
rés, pero que sobrepasan el ámbito de este análisis. Lo mismo ocurre con
temas económicos que sólo son tangencialmente tocados y sobre los cuales
la ciencia económica ha hecho numerosos estudios. Tampoco se pretende
tocar una infinidad de temas vinculados al derecho económico y a la legis-
lación económica en nuestro país.
     Asimismo, cabe advertir que la mayoría de los temas que serán exami-
nados son de reciente desarrollo, lo que significa que falta en ellos la tra-
dición y experiencia jurídica e implica, por tanto, un importante desafío in-
telectual.

                  NoRMAS CONSTITUCIONALES ECONÓMICAS

     Un primer punto que se ha planteado es el de determinar si es nece-
sario o no que los principios económicos sean consagrados constitucional-
mente. Algunos constitucionalistas siguen pensando que la Constitución es
eminentemente de carácter político y que lo económico y social deben estar
excluidos, porque, en el mejor de los casos, constituirían declaraciones pro-
gramáticas sin mayor eficacia jurídica. Además, se sostiene que en el caso
de abordarse los principios económicos, la Constitución pasa a ser extrema-
damente larga y reglamentaria, lo que es inconveniente dentro de un or-
denamiento jurídico constitucional.
     Felizmente la posición contraria, cual es la de integrar los principios
económicos más significativos en la Constitución, ha ido ganando progre-
sivamente partidarios no solamente en Chile, sino que mundialmente, en
casi todos los textos constitucionales más recientes. Se reconoce así que lo
económico y social son variables decisivas en el funcionamiento adecuado
del sistema político y que, por lo tanto, no cabe sino integrar estos elemen-
tos a nivel constitucional. Hace ya más de cincuenta años que Georges Ripert
planteaba que junto con la organización política del Estado, hay una orga-
nización económica, tan obligatoria como la política.

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